Por MARÍA VERZA Las desaparecidos de México han centrado la agenda política del país. Sus caras tapizaron esta semana el suelo de la entrada al Senado. Sus exigencias y su dolor resonaron entre políticos y autoridades. Una madre contaba en el Congreso cómo su hijo fue reclutado a la fuerza por los cárteles y que, cuando pudo regresar de ese infierno, le contó cómo les obligaban a comer carne humana o matarse entre ellos. Un padre, sumido en un llanto desconsolado, suplicaba a la secretaria de Gobernación que encontrara al menos “un huesito” de su hijo. Mientras sus compañeros seguían en las búsquedas, decenas de representantes de colectivos de familiares procedentes de distintos puntos del país se reunieron con parlamentarios y funcionarios con la esperanza de ajustar y redirigir algunas de las propuestas planteadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum para buscar a los desaparecidos y contener un problema que no deja de crecer debido, según la ONU, a la impunidad latente y la inacción de ciertas autoridades. Entre las iniciativas gubernamentales, temporalmente pausadas para escucharles, está la creación de una Plataforma Unica de Identidad con un número, foto y huellas dactilares de cada persona. También tener una base de datos con todas carpetas de investigación abiertas u obligar a particulares, por ejemplo hospitales, a compartir datos que pueden ser importantes. “Necesitamos exhumaciones… pero nunca hay presupuestos, funcionarios empáticos, castigos penales, no administrativos, para los funcionarios que entorpezcan las búsquedas”, dijo Jaqueline Palmeros, una buscadora de la capital que participó en una clausura simbólica del edificio del Senado el jueves. “Las leyes ya existen, lo que pasa que nunca las han implementado”, agregó. “Necesitamos una ley para la protección de los buscadores”, pedía el martes en la Cámara de Diputados Vicky Garay Cázares, de un grupo de Nayarit, en el Pacífico. Recordaba que a los buscadores, los amenazan, asesinan y que, aunque algunos tienen protección federal, es insuficiente. “En una ocasión me pusieron un arma en la boca y, ¿tú crees que podía presionar el botón de pánico… y decirles que estaba en peligro?”. Esta semana los desaparecidos en Mexico sumaban ya más de 127.000 personas, miles más que los que el registro oficial marcaba hace poco más de un mes, cuando un colectivo descubrió el rancho de Teuchitlán, en Jalisco, con cientos de objetos personales que estremecieron al país. Según las autoridades, servía como centro de reclutamiento del crimen organizado, aunque las autoridades también encontraron restos óseos. Unos familiares están esperanzados por los espacios de escucha que se han abierto y esperan lograr algún avance. Otros son escépticos, hartos de promesas que luego no se cumplen. Algunos colectivos ni fueron invitados. Muchos de los encuentros fueron una sucesión de “vivencias frente a la corrupción y el maltrato” aunque, en el fondo, positivos, dijo Conrado Zepeda, sacerdote jesuita y académico que acompañó a algunos grupos. “Hay que ser críticos y responsables”, dijo Héctor Flores, buscador de un colectivo de Jalisco. “Que estas reuniones no se conviertan en control político de los daños” surgidos tras el hallazgo del rancho. Después de ese descubrimiento, todavía en investigación, la presidenta dijo que el tema de los desparecidos sería una prioridad y prometió empatía. Sin embargo, esta semana tanto Sheinbaum como el partido oficialista rechazaron tajantemente que en México haya desapariciones forzadas, en las que participa por acción u omisión una autoridad. No obstante, en torno a 700 de esos casos han llegado hasta la ONU, hay altos funcionarios procesados por este delito y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas acaba de afirmar que en México hay “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática”. De hecho, el único comunicado firmado esta semana por más de un centenar de colectivos fue para exigir que se respete lo dicho por Naciones Unidas y se colabore con el Comité, ahora que se acaba de activar un mecanismo nunca usado antes que podría llevar a la Asamblea General a pronunciarse sobre el tema. “Ése es su mayor error: no aceptar que sí hay muchos desaparecidos, que ya traspasó a cualquier administración, que sí hay impunidad, que sí hay corrupción y que necesitan poner manos a la obra”, lamentó Palmeros. “Por eso, rechazan todas las acciones de la ONU”. ...read more read less