Por SHARON LURYE y JOCELYN GECKER Tras décadas de colaboración con el gobierno estadounidense, las universidades enfrentan nuevas dudas sobre el futuro de su financiación federal. El gobierno del presidente Donald Trump ha utilizado el suministro de financiación para lograr el cumplimiento de su agenda, y ha recortado fondos a instituciones como la Universidad de Columbia y la Universidad de Pensilvania. Al mismo tiempo, universidades de todo el país gestionan recortes en los subsidios destinados a las instituciones de investigación. La restricción de fondos para la educación superior pone de manifiesto cuánto dependen las universidades estadounidenses del gobierno federal —proveedor de subvenciones y contratos que han representado cerca de la mitad de los ingresos totales de algunas universidades especializadas en investigación, según un análisis de The Associated Press. Esto se traduce en una crisis para las universidades y un problema para el país en su conjunto, dicen los administradores escolares y los defensores de la libertad académica. Las capacidades de investigación científica y médica de Estados Unidos están estrechamente vinculadas con sus universidades como parte de un convenio que comenzó después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la maestría y el conocimiento del país. “Se siente como que cualquier día, cualquier universidad podría pasarse de la raya de alguna manera y perder todo su financiamiento”, apuntó Jonathan Friedman, director general de programas de libertad de expresión en PEN America, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la libertad de expresión en Estados Unidos y el mundo. Decenas de miles de millones de dólares en juego El análisis de la AP examinó la financiación federal de casi 100 universidades que están actualmente bajo investigación porque tienen programas que el gobierno considera que promueven ilegalmente la diversidad, la equidad y la inclusión, o por no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo. Esas instituciones obtuvieron más de 33.000 millones de dólares en ingresos federales en el año académico 2022-2023 —y eso sin considerar la ayuda federal para los estudiantes, que representa miles de millones de dólares más en pagos para su matrícula, alojamiento y manutención. Según el análisis, entre el 10% y el 13% de los ingresos de la mayoría de las escuelas provinieron de contratos federales o financiación para la investigación. Sin embargo, para algunas universidades de investigación prestigiosas, el dinero federal representó hasta la mitad de sus ingresos. La AP analizó datos del National Center for Education Statistics (Centro Nacional de Estadísticas Educativas) e informes de auditoría federal, con la ayuda de los investigadores Jason Cohn y James Carter del Urban Institute, un grupo de expertos con sede en Washington que realiza investigación económica y de política para contribuir a la toma de decisiones y ofrecer soluciones. Quizá ninguna escuela sea más vulnerable que la Universidad Johns Hopkins, que recibió 4.000 millones de dólares en fondos federales —cerca del 40% de sus ingresos—, según el análisis. Gran parte de esa cantidad se destinó a investigaciones para defensa, al financiar proyectos como diseño de misiles, tecnología submarina y sistemas de rastreo de precisión en el espacio exterior. Miles de millones de dólares también se destinaron a la investigación médica en temas como inmunología y trasplantes, envejecimiento, neurociencia y salud mental. Johns Hopkins enfrenta una investigación por antisemitismo que amenaza sus fondos federales, pero ya también siente los efectos de los recortes a las subvenciones de investigación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y de otras agencias federales. A principios de este mes, anunció 2.200 despidos. “Enfrentamos tiempos difíciles para los pacientes y las familias que dependen de nosotros para curas y tratamientos, y para los investigadores dedicados a la búsqueda de mejorar la salud de todos los estadounidenses”, declaró la universidad en un comunicado. Trump obtuvo concesiones de Columbia Trump ha destacado a la Universidad de Columbia, y puso como ejemplo a la universidad de la “Ivy League” —un grupo de ocho universidades de Estados Unidos, conocidas por su excelencia académica, prestigio y tradición— al retener 400 millones de dólares en fondos federales. El gobierno acusó repetidamente a Columbia de no frenar el antisemitismo durante las protestas contra Israel que comenzaron en la universidad de la Ciudad de Nueva York la primavera pasada y que se extendieron rápidamente a otros campus —una caracterización disputada por quienes participaron en las manifestaciones. Como condición previa para restaurar ese dinero —junto con miles de millones más en futuras subvenciones—, el gobierno republicano exigió cambios sin precedentes en la política de la universidad. La decisión de Columbia la semana pasada de ceder a esas demandas, en parte para rescatar proyectos de investigación en curso en sus laboratorios y centro médico, ha sido criticada por algunos miembros de su facultad y grupos de defensa de la libertad de expresión que la consideran una capitulación ante una intrusión en la libertad académica. En la Casa Blanca, Trump expresó su satisfacción con la campaña de presión sobre las universidades el miércoles. “Ustedes ven lo que estamos haciendo a las universidades, y todas se están doblando y diciendo: ‘Señor: muchas gracias; nosotros lo apreciamos’”, dijo Trump durante un evento con motivo del Mes de la Historia de la Mujer. En el año académico 2022-2023, Columbia obtuvo cerca de una quinta parte de sus ingresos de fuentes federales —alrededor de 1.200 millones de dólares. Una auditoría muestra que gran parte del dinero federal de Columbia se destinó a investigación y desarrollo, incluidos 166 millones de dólares para programas mundiales contra el SIDA, 99 millones de dólares para estudiar el envejecimiento, 28 millones de dólares para investigación sobre la biología del cáncer y 24 millones de dólares para estudios sobre el consumo de drogas y la adicción. Nuevo enfoque para aplicación de las leyes de derechos civiles La ley federal permite al Departamento de Educación suspender la financiación a universidades que violan las leyes de derechos civiles, pero sólo después de tomar ciertas medidas. El Título VI de la ley establece que el Departamento primero debe emitir una determinación formal de incumplimiento, ofrecer una audiencia, notificar al Congreso y luego esperar 30 días antes de retirar la ayuda. Pero el gobierno de Trump tiene una nueva estrategia: pasa rápidamente de las exigencias a las sanciones, con poco margen para una negociación y escasos indicios de debido proceso, sostienen expertos legales. En el caso de la Universidad de Pensilvania, el gobierno suspendió 175 millones de dólares en fondos federales del Departamento de Defensa y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) debido a una nadadora transgénero que la última vez que compitió por la universidad fue en 2022. La Casa Blanca declaró que la medida surgió de una revisión de los fondos discrecionales destinados a las universidades. “Parece que gran parte de la estrategia se basa en la intimidación, más que en verdaderas conclusiones legales fundamentadas”, dijo Michael Pillera, director de equidad educativa del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law (Comité de Abogados para los Derechos Civiles Bajo la Ley), una organización no partidista y sin fines de lucro que se centra en alcanzar la equidad e igualdad para todas las razas y etnicidades. “Creo que todo esto está diseñado como una manera de intimidar a todas las universidades, no sólo a las instituciones bajo investigación”. Los recortes y la incertidumbre han llevado a algunas universidades a aceptar menos estudiantes de posgrado, lo que cierra caminos hacia carreras profesionales. Muchos estudiantes de posgrado en programas de ciencias reciben becas y estipendios que provienen de subvenciones federales para la investigación. Alyssa Johnson, estudiante de último año de la Universidad de Purdue, planeaba realizar una investigación de posgrado sobre las enfermedades de los anfibios y fue aceptada en una de las tres universidades a las que solicitó admisión. Dijo que una de las universidades parecía haber limitado sus admisiones para evitar problemas de financiación. Pero dada su experiencia con las solicitudes, el panorama inestable de la investigación y el cambio de sus propios intereses decidió modificar su investigación hacia algo que siente que ayudaría a generar confianza entre los científicos y el público. “Pasé por una especie de crisis profesional, que sin duda fue catalizada por lo que está sucediendo con el gobierno actual y su actitud hacia la ciencia y la comunicación científica”, agregó Johnson. ___ Los periodistas de The Associated Press Kasturi Pananjady, Cheyanne Mumphrey y Chris Megerian contribuyeron a este despacho. ___ La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de la AP para colaborar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org. ...read more read less