Oct 16, 2024
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, arremetió el miércoles contra el controversial plan del gobierno para suspender el derecho al asilo para los migrantes en situación irregular, señalando que se trataba de un “error garrafal”. Duda, cuya aprobación es necesaria para que el plan entre en vigor, alegó en el Parlamento que el plan bloquearía el acceso a un refugio seguro para la gente en Rusia y en la vecina Bielorrusia que se oponen a sus gobiernos. El primer ministro Donald Tusk respondió que la medida no abarcaría a los disidentes. El gobierno de Tusk adoptó el martes el plan de cinco años que pretende reforzar la protección de la frontera oriental de Polonia —y de la Unión Europea— de la presión de miles de migrantes no autorizados procedentes de África y de Oriente Medio que comenzó en 2021. No afecta a las personas procedentes de la vecina Ucrania. La UE afirma que la presión migratoria está auspiciada por Minsk y Moscú como parte de su guerra híbrida contra el bloque en respuesta a su apoyo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. “Polonia no puede y no estará indefensa en esta situación”, dijo Tusk en el Parlamento. El plan de Polonia pretende señalar que el país no es una fuente de asilo fácil ni de visados para entrar en la UE. En muchos casos, los inmigrantes irregulares solicitan asilo en Polonia, pero antes de que se tramiten sus peticiones, atraviesan la zona de viaje sin visados de la UE para llegar a Alemania u otros países de Europa Occidental. Alemania amplió recientemente los controles en sus fronteras para luchar contra la inmigración no autorizada. El plan establece que, en caso de “amenaza de desestabilización del país por la afluencia de inmigrantes”, podrá suspenderse la aceptación de solicitudes de asilo. También se endurecerán las normas generales de concesión de asilo. Un comunicado del gobierno publicado el martes por la noche señalaba que las decisiones migratorias sopesarán el país de origen de la persona, así como su razón para entrar y la cantidad de llegadas. Las organizaciones de derechos humanos han protestado contra el plan, que no obtuvo el apoyo de cuatro ministros de izquierda del gobierno de coalición de Tusk. Sigue necesitando la aprobación del Parlamento y de duda para volverse vinculante. Sin embargo, Duda ha dejado claro que no lo respaldará.
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